El Ayuntamiento acordó aprobar un punto de acuerdo para que la Contraloría investigue y se deslinden responsabilidades del presunto acoso laboral del encargado de delegación en Mineral de Pozos Pueblo Mágico, contra dos empleadas municipales que denunciaron el hecho.
Ofelia Mata, auxiliar en la delegación de Mineral de Pozos, y Viviana Terán, encargada de la biblioteca, se expresaron en contra del trato que reciben por parte del delegado Ernesto Ruiz Quintero, así como de la medida que tomó el alcalde, Guillermo Rodríguez Contreras; el oficial mayor, Juan Enrique Licea Pérez, y hasta el secretario de Ayuntamiento, Rubén Urías Ruiz, por girar un oficio para removerlas como auxiliares al área de Seguridad Pública sin un fundamento y sin tener los requisitos mínimos para entrar en dicha área.
Ofelia Leyva Mata, quien lleva más de 11 años laborando en la delegación, refirió que desde que entró el nuevo delegado la ha acosado de varias maneras, impidiéndole desarrollar su trabajo.
“Desde que él entró son muchas las maneras que me ha estado acosando, me recogió las llaves, me calumnió junto con otro de Servicios Municipales, he llegado al grado de que no he podido entrar porque la delegación está cerrada y no se ha presentado ni él ni su secretaria particular a abrir la delegación”.
“En un principio ni el saludo me dirigió, me ha ignorado completamente, yo sólo he hecho el trabajo que tengo todo este tiempo”, pronunció la afectada.
Por su parte, Viviana Terán señaló que desde que labora en la biblioteca jamás había tenido un reporte y desde que entró el nuevo delegado, éste se ha encargado de reportarla.
Ambas mencionaron que durante la pasada semana recibieron un oficio donde se les indicaba eran comisionadas a Seguridad Pública, apenas recibiendo un sueldo de mil 900 pesos quincenales, situación que con su traslado hasta el área sólo les quedaría entre 400 y 500 pesos.
Lo anterior causó la molestia de las regidoras Diana Sarahí Hernández y Leticia Martínez, y la inquietud del regidor Roberto Carlos Terán, presidente de la Comisión de Seguridad, quien calificó como improcedente que las dos personas vayan a laborar al área de Seguridad ya que no cuentan con un examen de confianza que lo avale.
Por su parte, el oficial mayor, Juan Enrique Licea, señaló que el oficio fue girado por orden del secretario de Ayuntamiento, Rubén Urías Ruiz, obedeciendo a la orden de su superior jerárquico.
Luego de una larga discusión sobre el tema en la sesión de Cabildo realizada el viernes, la regidora Diana Sarahí Hernández propuso el punto de acuerdo para instruir al contralor municipal, Francisco Bárcenas, realizar una investigación para, en su caso, deslindar responsabilidades a quien haya girado el oficio de comisión a las dos personas sin un fundamento, y sobre el presunto acoso laboral a fin de iniciar posibles procedimientos.
“Desde que él entró son muchas las maneras que me ha estado acosando, me recogió las llaves, me calumnió junto con otro de Servicios Municipales, he llegado al grado de que no he podido entrar porque la delegación está cerrada y no se ha presentado ni él ni su secretaria particular a abrir la delegación”.
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